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Por Lic. María Marta Mokobodzki Ongaro

Las áreas protegidas constituyen una estrategia fundamental para la conservación de los bienes y servicios ambientales que ofrecen los ecosistemas. Estos bienes y servicios ambientales son indispensables para la vida, proporcionando los elementos necesarios para el bienestar general del planeta.

Estos bienes y servicios ambientales que ofrecen las áreas protegidas son consumidos por los diferentes agentes económicos, ya sea en sus decisiones de consumo y/o producción. Estas decisiones de consumo y producción son tomadas sin considerar el valor económico total de los bienes y servicios ambientales que las áreas protegidas brindan, derivando en situaciones por debajo del óptimo.

Lugar: Parque Nacional El Palmar, provincia de Entre Ríos, Argentina. Imagen: María Cruz Berasategui

Esta situación se presenta porque no existe un mercado en donde se intercambie este tipo de bienes y servicios ambientales o ecosistémicos, pero esto no implica que no tengan un valor económico y que conservarlos no sea costoso. De hecho, si tomamos el valor económico total de estos bienes y servicios ambientales, nos daríamos cuenta el elevado precio que deberíamos pagar por el consumo de los mismos.

Esta situación en donde el consumo de los bienes y servicios ambientales no esté reflejado en un precio de mercado a través de una transacción, desde la visión económica, se denomina falla de mercado, más precisamente es una externalidad negativa en donde los consumidores no pagan el verdadero valor de los bienes y servicios consumidos y es la sociedad quien se hace cargo de los costos de preservarlos.

Esta situación en donde no se paga por el consumo de los bienes y servicios ambientales que ofrecen las áreas protegidas, sumado a la escasez de asignaciones presupuestarias destinadas a la gestión efectiva de las mismas deriva en la imposibilidad de realizar una gestión efectiva de y, por lo tanto, en la incapacidad de cumplir con los objetivos para los que fueron creadas.

A partir de lo expuesto emerge el concepto de sostenibilidad financiera de las áreas protegidas en donde ha sido definida por Emerton et al (2006) (1) como “la capacidad de asegurar recursos financieros estables y suficientes a largo plazo y distribuirlos en tiempo y forma apropiada, para cubrir los costos totales de las AP (tantos directos como indirectos) y asegurar que las AP sean manejadas efectivamente y eficientemente según sus objetivos de conservación y otros pertinentes”.

Parque Provincial Aconcagua, Provincia de Mendoza, Argentina. Imagen: María Cruz Berasategui

La sostenibilidad financiera es una estrategia que requiere poder identificar qué actores económicos son los consumidores de los bienes y servicios ambientales de las áreas protegidas y/o los sistemas de áreas protegidas para lograr, mediante diferentes mecanismos financieros, resolver la externalidad negativa logrando que los mismos paguen por su consumo.

De esta manera y bajo la teoría económica que entiende a la problemática ambiental como una externalidad negativa en donde se deben construir instrumentos para poder internalizarla, es que se incorporan al presupuesto disponible otras fuentes de financiamiento alternativas y complementarias a la asignación gubernamental anual, pero que responden a resolver el problema.

Estas diversas fuentes de financiamiento, llamadas alternativas o complementarias a las asignaciones gubernamentales tienen diferentes características en cuanto al origen, la estabilidad, el horizonte temporal, la facilidad y rapidez en su implementación y también qué mecanismos financieros permiten la gestión y ejecución de las mismas.

La estrategia de sostenibilidad financiera debe conducir a que estas fuentes de financiamiento alternativas y complementarias generen un presupuesto estable y de largo plazo para así poder planificar y cumplir con los objetivos para los cuales las áreas protegidas fueron creadas.

Para realizar la estrategia de sostenibilidad financiera se requiere poder construir el presupuesto necesario para una gestión óptima de las mismas y conocer la brecha existente entre el presupuesto para la gestión óptima y el presupuesto actualmente disponible.

Parque Nacional El Palmar, provincia de Entre Ríos, Argentina. Imagen: María Cruz Berasategui

Un estudio de Sostenibilidad Financiera de las Áreas Protegidas en América Latina y el Caribe (2) muestra una brecha de financiamiento de US$314 millones/año para que simplemente se puedan encarar actividades básicas de manejo. Esto indica que la escasez de recursos económicos está presente en toda la región.

Algunos países de la región han ido construyendo sus estrategias de sostenibilidad financiera por ejemplo Herencia Colombia contribuye a alcanzar las metas internacionales que Colombia se ha trazado para conservar y aumentar sus áreas protegidas y garantizar su integración en paisajes y sectores, a través del diseño y posterior implementación de un modelo de financiamiento a largo plazo para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) .

Actualmente, Argentina no tiene una estrategia de sostenibilidad financiera de áreas protegidas a nivel nacional, pero, por ejemplo, Natura International ha realizado en conjunto con la Provincia de Salta su primer estudio de estrategia de sostenibilidad para el Sistema Provincial de Áreas Protegidas (SIPAP) con una primera aproximación de la brecha financiera y la identificación de potenciales fuentes de financiamiento de acuerdo al marco teórico correspondiente.

Parque Nacional Los Glaciares, Provincia de Santa Cruz, Argentina. Imagen: María Cruz Berasategui

Este paso que realizó la Provincia de Salta va a ser un hito muy importante para los sistemas de áreas protegidas provinciales y un elemento motivador para comprender que la sostenibilidad financiera de las áreas protegidas es uno de los elementos centrales en las estrategias de conservación. Los ecosistemas bien conservados maximizan su potencial de brindar bienes y servicios ambientales, para las generaciones presentes y futuras. Entonces, se procura la sostenibilidad financiera de las áreas protegidas en aras de seguir demandando estos bienes y servicios ambientales que tanto bienestar y satisfacción generan.

Es importante avanzar en la concientización sobre que las áreas protegidas, ya no son solo una alternativa para la conservación de la biodiversidad, sino una vía para la preservación de los bienes y servicios ambientales necesarios para la vida. De esta manera, la sociedad valorará los beneficios ambientales, culturales, sociales y económicos que recibe de las áreas naturales protegidas.

  1. Emerton, L., Bishop, J. and Thomas, L. (2006). Sustainable Financing of Protected Areas: A global review of challenges and options. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK. x + 97pp
  2. Bovarnick, A., J. Fernández-Baca, J. Galindo y H. Negret, Sostenibilidad Financiera de las áreas protegidas en América Latina y el Caribe: Guía para la política de inversión, Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD) y The Nature Conservancy (TNC), 2010.