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Por Lic. María Marta Mokobodzki Ongaro

Las áreas protegidas constituyen una estrategia fundamental para la conservación de los bienes y servicios ambientales que ofrecen los ecosistemas. Estos bienes y servicios ambientales son indispensables para la vida, proporcionando los elementos necesarios para el bienestar general del planeta.

Estos bienes y servicios ambientales que ofrecen las áreas protegidas son consumidos por los diferentes agentes económicos, ya sea en sus decisiones de consumo y/o producción. Estas decisiones de consumo y producción son tomadas sin considerar el valor económico total de los bienes y servicios ambientales que las áreas protegidas brindan, derivando en situaciones por debajo del óptimo.

Lugar: Parque Nacional El Palmar, provincia de Entre Ríos, Argentina. Imagen: María Cruz Berasategui

Esta situación se presenta porque no existe un mercado en donde se intercambie este tipo de bienes y servicios ambientales o ecosistémicos, pero esto no implica que no tengan un valor económico y que conservarlos no sea costoso. De hecho, si tomamos el valor económico total de estos bienes y servicios ambientales, nos daríamos cuenta el elevado precio que deberíamos pagar por el consumo de los mismos.

Esta situación en donde el consumo de los bienes y servicios ambientales no esté reflejado en un precio de mercado a través de una transacción, desde la visión económica, se denomina falla de mercado, más precisamente es una externalidad negativa en donde los consumidores no pagan el verdadero valor de los bienes y servicios consumidos y es la sociedad quien se hace cargo de los costos de preservarlos.

Esta situación en donde no se paga por el consumo de los bienes y servicios ambientales que ofrecen las áreas protegidas, sumado a la escasez de asignaciones presupuestarias destinadas a la gestión efectiva de las mismas deriva en la imposibilidad de realizar una gestión efectiva de y, por lo tanto, en la incapacidad de cumplir con los objetivos para los que fueron creadas.

A partir de lo expuesto emerge el concepto de sostenibilidad financiera de las áreas protegidas en donde ha sido definida por Emerton et al (2006) (1) como “la capacidad de asegurar recursos financieros estables y suficientes a largo plazo y distribuirlos en tiempo y forma apropiada, para cubrir los costos totales de las AP (tantos directos como indirectos) y asegurar que las AP sean manejadas efectivamente y eficientemente según sus objetivos de conservación y otros pertinentes”.

Parque Provincial Aconcagua, Provincia de Mendoza, Argentina. Imagen: María Cruz Berasategui

La sostenibilidad financiera es una estrategia que requiere poder identificar qué actores económicos son los consumidores de los bienes y servicios ambientales de las áreas protegidas y/o los sistemas de áreas protegidas para lograr, mediante diferentes mecanismos financieros, resolver la externalidad negativa logrando que los mismos paguen por su consumo.

De esta manera y bajo la teoría económica que entiende a la problemática ambiental como una externalidad negativa en donde se deben construir instrumentos para poder internalizarla, es que se incorporan al presupuesto disponible otras fuentes de financiamiento alternativas y complementarias a la asignación gubernamental anual, pero que responden a resolver el problema.

Estas diversas fuentes de financiamiento, llamadas alternativas o complementarias a las asignaciones gubernamentales tienen diferentes características en cuanto al origen, la estabilidad, el horizonte temporal, la facilidad y rapidez en su implementación y también qué mecanismos financieros permiten la gestión y ejecución de las mismas.

La estrategia de sostenibilidad financiera debe conducir a que estas fuentes de financiamiento alternativas y complementarias generen un presupuesto estable y de largo plazo para así poder planificar y cumplir con los objetivos para los cuales las áreas protegidas fueron creadas.

Para realizar la estrategia de sostenibilidad financiera se requiere poder construir el presupuesto necesario para una gestión óptima de las mismas y conocer la brecha existente entre el presupuesto para la gestión óptima y el presupuesto actualmente disponible.

Parque Nacional El Palmar, provincia de Entre Ríos, Argentina. Imagen: María Cruz Berasategui

Un estudio de Sostenibilidad Financiera de las Áreas Protegidas en América Latina y el Caribe (2) muestra una brecha de financiamiento de US$314 millones/año para que simplemente se puedan encarar actividades básicas de manejo. Esto indica que la escasez de recursos económicos está presente en toda la región.

Algunos países de la región han ido construyendo sus estrategias de sostenibilidad financiera por ejemplo Herencia Colombia contribuye a alcanzar las metas internacionales que Colombia se ha trazado para conservar y aumentar sus áreas protegidas y garantizar su integración en paisajes y sectores, a través del diseño y posterior implementación de un modelo de financiamiento a largo plazo para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) .

Actualmente, Argentina no tiene una estrategia de sostenibilidad financiera de áreas protegidas a nivel nacional, pero, por ejemplo, Natura International ha realizado en conjunto con la Provincia de Salta su primer estudio de estrategia de sostenibilidad para el Sistema Provincial de Áreas Protegidas (SIPAP) con una primera aproximación de la brecha financiera y la identificación de potenciales fuentes de financiamiento de acuerdo al marco teórico correspondiente.

Parque Nacional Los Glaciares, Provincia de Santa Cruz, Argentina. Imagen: María Cruz Berasategui

Este paso que realizó la Provincia de Salta va a ser un hito muy importante para los sistemas de áreas protegidas provinciales y un elemento motivador para comprender que la sostenibilidad financiera de las áreas protegidas es uno de los elementos centrales en las estrategias de conservación. Los ecosistemas bien conservados maximizan su potencial de brindar bienes y servicios ambientales, para las generaciones presentes y futuras. Entonces, se procura la sostenibilidad financiera de las áreas protegidas en aras de seguir demandando estos bienes y servicios ambientales que tanto bienestar y satisfacción generan.

Es importante avanzar en la concientización sobre que las áreas protegidas, ya no son solo una alternativa para la conservación de la biodiversidad, sino una vía para la preservación de los bienes y servicios ambientales necesarios para la vida. De esta manera, la sociedad valorará los beneficios ambientales, culturales, sociales y económicos que recibe de las áreas naturales protegidas.

  1. Emerton, L., Bishop, J. and Thomas, L. (2006). Sustainable Financing of Protected Areas: A global review of challenges and options. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK. x + 97pp
  2. Bovarnick, A., J. Fernández-Baca, J. Galindo y H. Negret, Sostenibilidad Financiera de las áreas protegidas en América Latina y el Caribe: Guía para la política de inversión, Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD) y The Nature Conservancy (TNC), 2010.

Por Claudina Gonzalez

Mucho se habla del turismo sostenible. Planes y programas del sector público, productos y emprendimientos privados, programas y contenidos académicos incluyen, siempre y sin excepción, el concepto de sostenibilidad. Una discusión diferente es llegar a conocer si esta inclusión es algo meramente declamativo o bien se acompaña de buenas prácticas, reales, concretas y verificables. 

Lo cierto es que el desarrollo de un turismo sostenible es un proceso continuo que requiere de buena planificación así como del seguimiento constante de sus incidencias, para introducir las medidas preventivas o correctivas que resulten necesarias. De este modo la experiencia turística debe ser, por igual, satisfactoria para el viajero tanto como educativa, entendiendo a la práctica turística como una oportunidad para que los viajeros conozcan mejor los entornos naturales y culturales, los valoricen debidamente, los protejan y sean capaces de transmitir este mensaje a otros. 

Cada año, la Organización Mundial del Turismo (OMT o UNWTO, por sus siglas en inglés) dependiente del sistema de las Naciones Unidas, enmarca su agenda de trabajo con un lema. Recientemente, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró al 2017 como “Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo”, para señalar y recordar el potencial del turismo y su contribución a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Ese mismo año, la organización respondió de manera contundente a la pregunta “¿Por qué el turismo importa?”. Y la respuesta incluyó un repaso de la capacidad de la actividad para la generación de empleo, su contribución al Producto Interno Bruto global, al crecimiento económico, el entendimiento entre pueblos, a la conservación cultural, la valorización y conservación del ambiente y al desarrollo en general.

En Argentina el turismo constituye un sector sumamente dinámico de la economía. En  2018, la producción de bienes y servicios de las ramas características del turismo (sean o no demandadas por visitantes) fue de 5,7% del PIB. Los puestos de trabajo en ramas características del turismo fueron 1.269.070, un 6,2% del total de la economía, entre los segmentos de hotelería, restaurantes, agencias de viaje, empresas de transporte con fines turísticos (aerocomercial, trenes turísticos, fluvial, marítimo, automotor), explotación de playas, parques recreativos, reservas, museos, centros de convenciones, predios feriales y otros espacios de recepción de visitantes y otras actividades vinculadas. 

Es una actividad presente y dinámica en todas las regiones y, muy importante, está compuesta en su mayoría por micro, pequeñas y medianas empresas (prácticamente la totalidad del sector: 99,1%).

Suena prometedor, ¿verdad?

Sin embargo, toda esa potencia debe ser correctamente gestionada. Y esa gestión cuidadosa, permanente, respetuosa de los valores naturales y culturales, es un compromiso que deben asumir los gobiernos de distinto nivel, pero también las comunidades anfitrionas, las empresas y prestadores turísticos, las organizaciones de la sociedad civil y, muy importante, los propios viajeros.

Con la sostenibilidad como palabra clave, la naturaleza puede motorizar una economía resiliente a largo plazo. En particular, distintos organismos internacionales como el BID y el Banco Mundial, así como la Organización Mundial del Turismo, reafirman el valor del turismo de naturaleza y su rol en el desarrollo sostenible de los territorios, para la mitigación de la pobreza, como factor de crecimiento económico, como herramienta para la conservación de la biodiversidad y en su contribución al cumplimiento de acuerdos y convenios internacionales claves, como la mencionada “Agenda 2030”.

Argentina, cuenta con una asombrosa dotación de recursos naturales que, con particularidades locales y regionales, se extienden por el territorio, conformando un capital natural de gran riqueza y un atractivo turístico de enorme potencial. 

Un país con una enorme diversidad ambiental, destacado por abarcar en su territorio un gradiente casi completo de ecosistemas que incluyen selvas subtropicales de tierras bajas, selvas de montaña, bosques subtropicales semiáridos, sabanas inundables, desiertos, bosques templados húmedos, praderas, ecosistemas de alta montaña, marinos y polares. En su subsuelo se encuentra el Acuífero Guaraní -uno de los principales reservorios subterráneos de agua dulce-; es el segundo país latinoamericano con mayor cantidad de glaciares y está dentro de los 15 países a nivel mundial con mayor superficie cubierta de hielo, por lo que posee una de las principales reservas estratégicas de agua dulce del mundo. 

En ese sentido, las áreas naturales protegidas son de un enorme atractivo para el turismo. De acuerdo a información del Sistema Federal de Áreas Protegidas (SiFAP), el país cuenta con más de 500 áreas protegidas registradas, de distinta jurisdicción y gestión, que representan el 13,29% del territorio nacional continental, con una superficie total de 36.947.536 hectáreas: parques nacionales, parques interjurisdiccionales marinos, reservas nacionales, reservas naturales y monumentos naturales, parques provinciales, reservas naturales, reservas provinciales, áreas municipales, áreas privadas, refugios de vida silvestre, sitios Ramsar, Reservas de la Biósfera y Patrimonios Mundiales conforman algunos de los principales atractivos turísticos del país. 

Esta diversidad de ambientes, ecosistemas terrestres, de agua dulce, costeros y marinos, con su flora y fauna (vastas colecciones de aves, peces, mamíferos, vegetales, anfibios y reptiles, entre otros), ofrece la posibilidad de pensar estratégicamente en el turismo de naturaleza como el motor de la recuperación, sentando las bases para que el turismo se consolide como parte esencial de la economía nacional, enmarcándose en una agenda más amplia de desarrollo sostenible.

El turismo de naturaleza (incluyendo al turismo activo y el ecoturismo) ya constituía una de las prácticas turísticas de mayor desarrollo y demanda global en el contexto anterior al brote de la COVID-19, con un ritmo de crecimiento tres veces superior al del turismo en general según la OMT.

Por el lado de la demanda, son varios los factores sociales y demográficos a nivel global que explican este proceso de búsqueda de naturaleza y espacios abiertos en los viajes: consumidores bien informados y con mayor conciencia ambiental, por un lado, o la densificación y el crecimiento de las ciudades, con vidas marcadas por el encierro en espacios artificiales y afectadas por situaciones de estrés, por otro. Más de la mitad de la población mundial vive en entornos urbanos. Esto vuelve rutinarios a los espacios urbanos, artificiales y, por contraste, más valiosos a los contactos con la naturaleza en el tiempo de ocio. En Argentina, la población urbana es del 92%. Los escenarios naturales únicos y bien conservados, por contraste con otro tipo de destinos ya saturados, aparecen como deseables y son sumamente motivadores para esta demanda.

Los escenarios naturales y las actividades que allí se desarrollan dan respuesta a los turistas que buscan experiencias transformadoras y memorables en sus viajes. A los factores de atracción anteriores, se suman diversos estudios que señalan los beneficios de un contacto regular con espacios naturales y la realización de actividades en ellos, con impactos positivos en la salud física y mental.

Desde una visión de desarrollo, y dadas las enormes ventajas comparativas en materia de recursos naturales que caracterizan a la Argentina, una práctica verdaderamente sostenible en la naturaleza ofrece al turismo la oportunidad de consolidarse como una actividad económicamente rentable y viable. 

A su vez, el turismo de naturaleza suele generar mayores estadías promedio y mayor gasto de los viajeros en los territorios. El incremento en las variables de estadía y gasto encuentra su explicación, en parte, en la variedad de actividades recreativas de las que los espacios naturales son soporte. A mayor diversidad en el menú de actividades presentadas por un destino, mayor atractivo e interés representará ese territorio y, por tanto, justificará una extensión de la estadía con el consiguiente gasto asociado.

El turismo sostenible de naturaleza es, a su vez, un vehículo de desarrollo social. Muchas de las prácticas asociadas a este producto requieren la contratación de emprendedores y guías locales, estimulando el desarrollo de empresas turísticas (agencias de viajes, transportes, alojamiento, alimentación, artesanías, actividades recreativas y complementarias), habilitando así la diversificación de la matriz productiva y la generación de empleo local de muchas de las economías regionales y de comunidades que, en algunos casos y encontrándose muy postergadas, no cuentan con posibilidades para desarrollar otras actividades productivas.

A su vez, al incluir aspectos pedagógicos y de interpretación de la naturaleza, potencia la sensibilización de locales y viajeros sobre la trascendencia de la conservación de los ambientes naturales, ayudando a minimizar los impactos negativos sobre el entorno.

En síntesis, turismo sostenible (según la OMT) es “el turismo que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y medioambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas.”

Con la excepción de una minoría de áreas naturales protegidas creadas y consagradas exclusivamente a tareas de investigación científica, monitoreo y conservación ambiental, la mayor parte las áreas naturales conciben, junto con la función de conservación, una función social dada por el uso público de esos espacios, teniendo en cuenta el valor turístico recreativo y educativo de los mismos.

En la generación de nuevas áreas protegidas así como en la correcta gestión de las existentes, puede considerarse al turismo como una actividad amigable, lo que requiere dotar a los destinos de infraestructura acorde, que priorice las dimensiones de planificación y conservación en el uso público de estos espacios y que habilite el acceso y permita la visita y disfrute de destinos naturales que se perciben como valiosos pero que aún son emergentes. 

Hay una oportunidad en el desarrollo del turismo de naturaleza. Pero también, y de manera inseparable, hay un deber: el de incluir a la sostenibilidad en la agenda cotidiana de la actividad.

La laguna Mar Chiquita, un cuerpo de agua salada situado al noreste de Córdoba y al sureste de Santiago del Estero, alberga la nidada de flamencos australes más grande de Latinoamérica en la temporada reproductiva 2020-2021.

Expertos locales en conservación indican que en los últimos meses se contaron más de 300 mil individuos y se observaron siete nidadas de flamencos australes. Los censos de flamencos en Mar Chiquita comenzaron a realizarse por el guardaparques y miembro del Grupo de Conservación de Flamencos Altoandinos (GCFA) Pablo Michelutti, y continúan hasta la actualidad.

Los vuelos que permiten contabilizar a las aves se realizan en dos momentos del año, durante el verano y el invierno. Tres organizaciones colaboran para concretar los censos: el GCFA, Natura International y la Secretaría de Ambiente de Córdoba.

(Crédito: Lucila Castro / Natura International)

La laguna Mar Chiquita y los bañados del Río Dulce, además de ser el hábitat y lugar de reproducción del flamenco austral, son un punto de migración para el flamenco andino (o parina grande) y el flamenco de James (también llamado parina chica), por lo que en la zona se observan tres especies de flamencos de las seis existentes en el mundo. Por otro lado, en la zona hay un aproximado de 380 especies de aves entre residentes y migratorias, lo que convierte al humedal en uno de los más ricos del mundo en términos de biodiversidad.

Un ejemplar adulto de flamenco austral puede llegar a medir en promedio unos 100 centímetros, y tienen patas largas y pico curvo, adaptados para la búsqueda de alimento en la laguna barrosa. Nacen con un plumaje grisáceo, amarronado o blanco. Al llegar a la madurez, las plumas toman tonalidades rosadas porque los flamencos se alimentan de algas y crustáceos propios del lugar, que contienen pigmentos. Según el lugar que habiten y las especies de las que se alimenten, el tono rosado de las plumas de los flamencos puede variar de intensidad.

(Crédito: Yanina Druetta / Natura International)

Cómo se hacen los censos

La laguna Mar Chiquita y los bañados del Río Dulce se extienden por casi un millón de hectáreas del noreste cordobés y el sudeste santiagueño. Los censos aéreos son la única manera viable, por el momento, para estimar poblaciones de aves en humedales tan extensos.

Durante el vuelo, un censista va a cada lado del avión para realizar el relevamiento fotográfico. Junto con la metodología del aforo, estas imágenes se procesan en un software y son útiles para contar directamente la cantidad de individuos y qué especies habitan el humedal.

El cortejo y la nidificación

Algunos años, con la llegada de septiembre y el aumento de la temperatura, los flamencos se congregan en el humedal para comenzar el cortejo. Allí, los flamencos en edad reproductiva se reúnen en grupo y realizan una danza con la que buscan atraer a sus parejas. Cuando lo consiguen, se aparean.

(Crédito: Yanina Druetta / Natura International)

Si el proceso tiene éxito, la pareja de flamencos construye el nido en las márgenes de la Laguna Mar Chiquita, donde luego se deposita un único huevo. Desde allí, la pareja se dedica a proteger el huevo hasta el nacimiento del pichón.

Es de gran importancia generar instancias de conservación en el sector. Según la lista roja de especies amenazadas de la IUCN, los flamencos australes están casi amenazados y su tendencia poblacional está decreciendo.

Los flamencos son aves muy sensibles. Si se asustan, abandonan los nidos en masa, se van del lugar y dejan los huevos y las crías a la deriva. Es clave no molestarlos para que se puedan reproducir con normalidad.

(Crédito: Matías Michelutti)

Una promesa de conservación

El futuro Parque Nacional Ansenuza está próximo a su creación. Cuando esté establecido, las casi un millón de hectáreas entre la laguna y los bañados estarán protegidas bajo un marco legal, lo que contribuirá a la conservación de estas especies.

Una vez que se cree el parque, a su alrededor se podrán realizar actividades económicas de forma sustentable, sin afectar a la flora y fauna del lugar. Además, con la nueva área protegida, habrá nuevo personal y un presupuesto específico dedicados a preservar el humedal.

Para lograr la creación del Parque Nacional Ansenuza es fundamental la capacitación y educación ambiental de todos los actores involucrados en el proceso de establecimiento. Además es necesario desarrollar acuerdos que den pie a los cambios en el uso del suelo necesarios para crear el área.

Por Sofía Dottori Fontanarrosa

La actividad minera es un tipo de producción de consumo extensivo de recursos naturales no renovables. Por su esencia extractiva, implica la modificación de la topografía en donde se desarrolla. Dependiendo del tipo de yacimiento, las explotaciones mineras pueden ser metalíferas, no metalíferas o rocas de aplicación; y de acuerdo con el tamaño del proyecto, la escala se extiende desde pequeña minería hasta megaminería. Esta última implica daños ambientales y paisajísticos irreversibles.

En Argentina, el 90% de la minería se produce a cielo abierto y consiste principalmente en oro, plata y cobre. Los yacimientos metalíferos constituyen el grupo con mayor participación en el valor total de la producción con el 73,1%, seguido por las rocas de aplicación con el 23,2% y finalmente los yacimientos no metalíferos con el 3,7%. Según el Banco Mundial, en los últimos años la minería no alcanzó el 1% del PBI. Es más: actualmente representa el 0,6% y genera menos del 1% del trabajo registrado en el país.

Minería a cielo abierto (Pixabay)

La minería de superficie difiere bastante de la minería tradicional, predominantemente subterránea. Esta transición histórica de un modelo a otro, parte del progresivo agotamiento global de los metales en vetas de alta ley, por lo que, al disminuir la concentración del mineral contenido en las rocas, la explotación mediante socavones deja de ser rentable. Actualmente, más del 60% de la minería mundial es a cielo abierto y aplica técnicas de procesamiento por lixiviación o flotación para extraer los minerales diseminados en la roca portadora.

Toda actividad minera emplea explosivos (usualmente ANFO – mezcla de nitrato de amonio y combustible) que ocasionan voladuras de montañas y permiten retirar considerables volúmenes de roca, dando lugar al escalonamiento y formación del ‘open pit’. Un único emprendimiento puede abarcar hasta 1000 hectáreas, donde se remueven hasta 300.000 toneladas de roca por día, se utilizan 100 toneladas de explosivos y se emiten al ambiente 100.000 litros de combustible y sustancias químicas de alta toxicidad (cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, xantato, entre otros) en forma líquida o gaseosa.

Minería a cielo abierto (Pixabay)

El proceso genera enormes cantidades de desechos y efluentes. Más del 95% de la roca extraída se convierte en residuo al no poseer minerales de interés económico. Para extraer un gramo de oro, se producen hasta 4 toneladas de escombros y se utilizan aproximadamente 1000 litros de agua.

Las dimensiones de la megaminería y sus resabios son descomunales. Tan solo el open pit puede llegar a medir más de 1,5 kilómetros de diámetro y hasta 1 kilómetro de profundidad, las escombreras pueden extenderse por cientos de hectáreas, y los diques de cola (presas para el almacenamiento de los sólidos remanentes del tratamiento del mineral) significan inminentes amenazas sanitarias que merecen un riguroso seguimiento. Estas huellas se conocen como ‘pasivos ambientales’ y evidencian el impacto que la minería genera en su entorno.

La flora y la fauna nativa no escapan al desequilibrio ecosistémico. La deforestación de superficies forestales y la degradación de los suelos arrasan con la invaluable capacidad de estos sumideros para absorber emisiones de gases de efecto invernadero y mitigar el cambio climático. De este modo, la cubierta edáfica es desalojada y reemplazada por un suelo reseco, infértil e impermeable. Esta perturbación impulsa la aniquilación de hábitats, la incapacidad de infiltración de agua, la alteración del sistema de drenaje natural y atenta contra el potencial agrícola-ganadero que dicha área puede ofrecer.

Los impactos negativos se abren camino en todas las direcciones. Desde ruidos por voladuras, trituración y molienda, hasta cuerpos de agua superficiales y subterráneos contaminados por derrames no controlados.

Lago ácido contaminado por la minería a cielo abierto (Pixabay)

El uso de explosivos aumenta las concentraciones de nitratos y amonios lo que desencadena la eutrofización del medio acuático. La suspensión de material particulado reduce la textura de su substrato y atenúa la penetración de la radiación solar tan esencial para el desarrollo de la biota. Por otra parte, en aquellas áreas cubiertas por aguas estancadas, sucede la multiplicación de agentes patógenos, un riesgo sanitario para todo su entorno.

En casi todos estos tipos de proyectos las empresas encargadas se benefician con leyes impositivas y exigen a los gobiernos locales subsidios en la provisión de energía y agua necesarias para operar. Sin embargo, sus regalías no ajustician la magnitud de los réditos obtenidos. La promesa de un crecimiento económico es un discurso que se utiliza hábilmente para legitimar la actividad.

La monopolización de la minería no deja margen para la prosperidad de otras industrias regionales, como la pesquera, agropecuaria o turística. En ocasiones, las disputas por el derecho al uso de la tierra desencadenan candentes conflictos sociopolíticos, especialmente en sectores donde el patrimonio cultural es perversamente vulnerado. La destrucción de la corteza terrestre, la sobre explotación de recursos finitos, la generación inconmensurable de residuos industriales peligrosos y patogénicos, cuestionan la ética con la que se defiende estas prácticas.

Minería a cielo abierto (Pixabay)

Las áreas protegidas son la luz para la sostenibilidad del medio físico. No se trata de una actividad lucrativa sino de un bálsamo holístico sobre todos los componentes de la naturaleza. Son espacios altruistas para el bienestar de la biodiversidad, donde los procesos ecológicos y el desarrollo humano conviven en una simbiosis justa y balanceada. Estas áreas geográficamente definidas y amparadas por un marco legal constitucional son el instrumento certero para la conservación a largo plazo de los servicios ecosistémicos.

Por eso, la actividad minera y las áreas protegidas son absolutamente incomparables, puesto que se encuentra una en la antípoda de la otra. Mientras que la extracción minera abusiva y descontrolada es la profanación de los tesoros geológicos del planeta, las áreas protegidas son el portal a la resiliencia, a la sostenibilidad y a la conexión armoniosa con la Tierra. Proteger nuestros recursos naturales es reservar la abundancia que las generaciones venideras también merecen.

“No heredamos la tierra de nuestros padres, la tomamos prestada de nuestros hijos.”
– Proverbio indio –