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Por Biól.  Agustina Di Pauli

Hoy más que nunca está claro que se vive en una distopía. Todos los días miles de hectáreas de bosques se deforestan y se incendian, el agua y el aire están cada vez más contaminados, pueblos enteros se ven obligados a migrar por los estragos que causan las mineras y por el avance de la frontera agrícola, los niños mueren por falta de acceso al agua potable, las especies desaparecen.

La fragmentación y simplificación de los ecosistemas aumentan la propagación de patógenos y crece el riesgo de transmisión de enfermedades zoonóticas, como la del virus COVID-19 que sumó el flagelo de la pandemia. ¿Quizás la primera de muchas que vendrán? ¿Cuántas más harán falta para reaccionar frente a los desafíos globales que manifiesta la naturaleza tan claramente?

No hay más tiempo, temas como la crisis ambiental, el derecho a un ambiente sano y la soberanía alimentaria merecen una discusión estructural. Urge adoptar un abordaje integral de la gestión de la conservación y abandonar modelos obsoletos, probar nuevos enfoques y ser creativos para estar a la altura de los cambios globales.

Desde siempre existió la dualidad entre producir y conservar, hoy el desafío está en generar nuevos paradigmas integrales, donde producir no implique seguir perdiendo ecosistemas, ni conservar implique dejar afuera a la gente.
Entre las ideas que aún imperan, está la de que el desarrollo de las sociedades sólo es posible a través de modelos extractivistas y de corto plazo; y que preservar los ecosistemas es un capricho de una elite conservacionista con privilegios. Entonces, si hay pobres se intenta crecer a cualquier costo para darles algo, en lugar de distribuir lo mucho que ya tienen unos pocos. El tiempo ha corroborado que estos modelos donde se favorece el crecimiento exponencial, solo generan más pobreza y que la crisis ambiental no hace otra cosa que profundizar las desigualdades sociales preexistentes.

La puesta en práctica de alternativas sostenibles y sustentables en los procesos de producción probablemente lleva un poco más de tiempo que los modelos tradicionales, pero proyectan un impacto más beneficioso a largo plazo y no sólo para unos pocos. Esto último es lo que realmente hace la diferencia, generan equidad y en consecuencia, sociedades más prósperas.

Una de las herramientas fundamentales como estrategia para reaccionar frente a los desafíos de conservación de la vida silvestre, reducción de la pobreza, mitigación y adaptación al cambio climático, son las áreas protegidas (AP). Pero sucede que cuando se habla de AP, automáticamente se piensa en verdaderos jardines del Edén donde todo está intacto y es intangible, lugares sin gente donde la presencia humana está prohibida o es perjudicial. Algo bastante alejado del real uso de la tierra en el planeta y la forma de habitarlo.

En principio es necesario volver a conectar con el sentido original de las AP como fuentes de biodiversidad natural, pero también como importantísimos sitios de valor social, cultural y económico; sitios modelo para la investigación y la generación de conocimiento; espacios ideales para realizar educación ambiental; zonas de amortiguamiento y regulación; fuentes de servicios ecosistémicos; lugares de entretenimiento y aprecio; las potencialidades son infinitas. Viéndolo de otra forma, sin AP, la temperatura del planeta sería aún más caliente y se habrían perdido miles de especies.

Luego se precisa repensar la relación entre las AP y la sociedad donde, más allá de los investigadores, técnicos y divulgadores, sean las comunidades locales las que se beneficien de la conservación de la naturaleza. De esta manera, los objetivos de conservación de la biodiversidad se verán favorecidos de manera casi espontánea.

Manejadas adecuadamente, las AP pueden financiarse a sí mismas y aún mejor, ser motores de desarrollo local debido a que generan economías basadas en el turismo. Entonces, las AP constituyen espacios reales de planificación, donde se pueden generar diálogos constructivos con gobiernos, pueblos originarios, habitantes locales, universidades y municipios, con el objetivo de lograr verdaderas políticas de inclusión social, conservación y sostenibilidad a través de procesos participativos legítimos. Para lograr esta ambiciosa meta, se debe exigir el fortalecimiento de todas aquellas estrategias que brinden oportunidades reales de protección del ambiente, acompañadas de actividades que permitan un desarrollo local más integral, sustentable y armónico con el entorno.

Sin caer en la ingenuidad o la utopía, se sabe de la cadena de complicidad y corrupción que permite el saqueo y también se sabe que pretender cambiar esto es particularmente difícil en América Latina y el Caribe, lugares donde abundan los asesinatos a líderes socioambientales. Siendo así, la opción es moverse en bloque, como pueblo. Pero para que eso suceda, la sociedad que hoy acompaña involuntariamente las crisis, debe pasar a ser también parte de la lucha; y esto es posible mejorando la participación de las comunidades locales en el manejo de las AP e implementando proyectos económicos que brinden las propuestas técnicas necesarias que les permitan a los productores llevar adelante actividades sostenibles y a las comunidades originarias crear sus propios bionegocios.

Esto último es otro de los temas esenciales al hablar de conservación: la importancia de los pueblos originarios. Cada vez hay más evidencia de que los conocimientos ancestrales y las técnicas tradicionales sostenibles que aún conservan muchas comunidades, contribuyen a la protección de la diversidad biológica y cultural. Desde su concepción, las comunidades originarias vienen preservando ciertos territorios como “sitios sagrados” donde no se debe cazar para permitir la reproducción de los animales y respetar sus ciclos naturales. De cierta manera, estos sitios representan puntos calientes de biodiversidad o “hotspot”, donde las propias comunidades ocupan el rol de guardianes de sus territorios comunitarios y, de esta forma, podrían pensarse como pequeñas AP intrínsecas a una cosmovisión.

Un estudio de 2019 de Science Advances, realizado en más de 600 AP de 34 países, evidenció cómo las AP proporcionan beneficios económicos y sanitarios a las poblaciones adyacentes, sobre todo impactan en la salud de los niños. Los resultados mostraron que el turismo implicó beneficios directos en la generación de empleo, mejor infraestructura y mayor presencia institucional en la zona; especialmente en las AP que presentaban zonas destinadas a los usos múltiples, ya que permitían el acceso sostenible a los recursos naturales. Sumado a que la salud ambiental en estas áreas, se tradujo en una mejor calidad del agua y del aire, en una mayor provisión de servicios ecosistémicos y funcionaron como importantes zonas de amortiguamiento de inundaciones.

Existen pruebas contundentes que sugieren que invertir en la creación de AP y en el turismo de naturaleza aporta beneficios reales a las comunidades locales. Un ejemplo de esto en Argentina es el del Proyecto Iberá en la provincia de Corrientes, donde una de las transformaciones más impactantes fue la de algunos cazadores que abandonaron esa costumbre y actualmente son guardaparques del AP. Iberá es un ejemplo claro de que no importa cuánto tiempo tome lograr hacerlo bien, vale la pena aprender con la práctica.