Por Lic. María Marta Mokobodzki Ongaro

Las áreas protegidas constituyen una estrategia fundamental para la conservación de los bienes y servicios ambientales que ofrecen los ecosistemas. Estos bienes y servicios ambientales son indispensables para la vida, proporcionando los elementos necesarios para el bienestar general del planeta.

Estos bienes y servicios ambientales que ofrecen las áreas protegidas son consumidos por los diferentes agentes económicos, ya sea en sus decisiones de consumo y/o producción. Estas decisiones de consumo y producción son tomadas sin considerar el valor económico total de los bienes y servicios ambientales que las áreas protegidas brindan, derivando en situaciones por debajo del óptimo.

Lugar: Parque Nacional El Palmar, provincia de Entre Ríos, Argentina. Imagen: María Cruz Berasategui

Esta situación se presenta porque no existe un mercado en donde se intercambie este tipo de bienes y servicios ambientales o ecosistémicos, pero esto no implica que no tengan un valor económico y que conservarlos no sea costoso. De hecho, si tomamos el valor económico total de estos bienes y servicios ambientales, nos daríamos cuenta el elevado precio que deberíamos pagar por el consumo de los mismos.

Esta situación en donde el consumo de los bienes y servicios ambientales no esté reflejado en un precio de mercado a través de una transacción, desde la visión económica, se denomina falla de mercado, más precisamente es una externalidad negativa en donde los consumidores no pagan el verdadero valor de los bienes y servicios consumidos y es la sociedad quien se hace cargo de los costos de preservarlos.

Esta situación en donde no se paga por el consumo de los bienes y servicios ambientales que ofrecen las áreas protegidas, sumado a la escasez de asignaciones presupuestarias destinadas a la gestión efectiva de las mismas deriva en la imposibilidad de realizar una gestión efectiva de y, por lo tanto, en la incapacidad de cumplir con los objetivos para los que fueron creadas.

A partir de lo expuesto emerge el concepto de sostenibilidad financiera de las áreas protegidas en donde ha sido definida por Emerton et al (2006) (1) como “la capacidad de asegurar recursos financieros estables y suficientes a largo plazo y distribuirlos en tiempo y forma apropiada, para cubrir los costos totales de las AP (tantos directos como indirectos) y asegurar que las AP sean manejadas efectivamente y eficientemente según sus objetivos de conservación y otros pertinentes”.

Parque Provincial Aconcagua, Provincia de Mendoza, Argentina. Imagen: María Cruz Berasategui

La sostenibilidad financiera es una estrategia que requiere poder identificar qué actores económicos son los consumidores de los bienes y servicios ambientales de las áreas protegidas y/o los sistemas de áreas protegidas para lograr, mediante diferentes mecanismos financieros, resolver la externalidad negativa logrando que los mismos paguen por su consumo.

De esta manera y bajo la teoría económica que entiende a la problemática ambiental como una externalidad negativa en donde se deben construir instrumentos para poder internalizarla, es que se incorporan al presupuesto disponible otras fuentes de financiamiento alternativas y complementarias a la asignación gubernamental anual, pero que responden a resolver el problema.

Estas diversas fuentes de financiamiento, llamadas alternativas o complementarias a las asignaciones gubernamentales tienen diferentes características en cuanto al origen, la estabilidad, el horizonte temporal, la facilidad y rapidez en su implementación y también qué mecanismos financieros permiten la gestión y ejecución de las mismas.

La estrategia de sostenibilidad financiera debe conducir a que estas fuentes de financiamiento alternativas y complementarias generen un presupuesto estable y de largo plazo para así poder planificar y cumplir con los objetivos para los cuales las áreas protegidas fueron creadas.

Para realizar la estrategia de sostenibilidad financiera se requiere poder construir el presupuesto necesario para una gestión óptima de las mismas y conocer la brecha existente entre el presupuesto para la gestión óptima y el presupuesto actualmente disponible.

Parque Nacional El Palmar, provincia de Entre Ríos, Argentina. Imagen: María Cruz Berasategui

Un estudio de Sostenibilidad Financiera de las Áreas Protegidas en América Latina y el Caribe (2) muestra una brecha de financiamiento de US$314 millones/año para que simplemente se puedan encarar actividades básicas de manejo. Esto indica que la escasez de recursos económicos está presente en toda la región.

Algunos países de la región han ido construyendo sus estrategias de sostenibilidad financiera por ejemplo Herencia Colombia contribuye a alcanzar las metas internacionales que Colombia se ha trazado para conservar y aumentar sus áreas protegidas y garantizar su integración en paisajes y sectores, a través del diseño y posterior implementación de un modelo de financiamiento a largo plazo para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) .

Actualmente, Argentina no tiene una estrategia de sostenibilidad financiera de áreas protegidas a nivel nacional, pero, por ejemplo, Natura International ha realizado en conjunto con la Provincia de Salta su primer estudio de estrategia de sostenibilidad para el Sistema Provincial de Áreas Protegidas (SIPAP) con una primera aproximación de la brecha financiera y la identificación de potenciales fuentes de financiamiento de acuerdo al marco teórico correspondiente.

Parque Nacional Los Glaciares, Provincia de Santa Cruz, Argentina. Imagen: María Cruz Berasategui

Este paso que realizó la Provincia de Salta va a ser un hito muy importante para los sistemas de áreas protegidas provinciales y un elemento motivador para comprender que la sostenibilidad financiera de las áreas protegidas es uno de los elementos centrales en las estrategias de conservación. Los ecosistemas bien conservados maximizan su potencial de brindar bienes y servicios ambientales, para las generaciones presentes y futuras. Entonces, se procura la sostenibilidad financiera de las áreas protegidas en aras de seguir demandando estos bienes y servicios ambientales que tanto bienestar y satisfacción generan.

Es importante avanzar en la concientización sobre que las áreas protegidas, ya no son solo una alternativa para la conservación de la biodiversidad, sino una vía para la preservación de los bienes y servicios ambientales necesarios para la vida. De esta manera, la sociedad valorará los beneficios ambientales, culturales, sociales y económicos que recibe de las áreas naturales protegidas.

  1. Emerton, L., Bishop, J. and Thomas, L. (2006). Sustainable Financing of Protected Areas: A global review of challenges and options. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK. x + 97pp
  2. Bovarnick, A., J. Fernández-Baca, J. Galindo y H. Negret, Sostenibilidad Financiera de las áreas protegidas en América Latina y el Caribe: Guía para la política de inversión, Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD) y The Nature Conservancy (TNC), 2010.

Por Claudina Gonzalez

Mucho se habla del turismo sostenible. Planes y programas del sector público, productos y emprendimientos privados, programas y contenidos académicos incluyen, siempre y sin excepción, el concepto de sostenibilidad. Una discusión diferente es llegar a conocer si esta inclusión es algo meramente declamativo o bien se acompaña de buenas prácticas, reales, concretas y verificables. 

Lo cierto es que el desarrollo de un turismo sostenible es un proceso continuo que requiere de buena planificación así como del seguimiento constante de sus incidencias, para introducir las medidas preventivas o correctivas que resulten necesarias. De este modo la experiencia turística debe ser, por igual, satisfactoria para el viajero tanto como educativa, entendiendo a la práctica turística como una oportunidad para que los viajeros conozcan mejor los entornos naturales y culturales, los valoricen debidamente, los protejan y sean capaces de transmitir este mensaje a otros. 

Cada año, la Organización Mundial del Turismo (OMT o UNWTO, por sus siglas en inglés) dependiente del sistema de las Naciones Unidas, enmarca su agenda de trabajo con un lema. Recientemente, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró al 2017 como “Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo”, para señalar y recordar el potencial del turismo y su contribución a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Ese mismo año, la organización respondió de manera contundente a la pregunta “¿Por qué el turismo importa?”. Y la respuesta incluyó un repaso de la capacidad de la actividad para la generación de empleo, su contribución al Producto Interno Bruto global, al crecimiento económico, el entendimiento entre pueblos, a la conservación cultural, la valorización y conservación del ambiente y al desarrollo en general.

En Argentina el turismo constituye un sector sumamente dinámico de la economía. En  2018, la producción de bienes y servicios de las ramas características del turismo (sean o no demandadas por visitantes) fue de 5,7% del PIB. Los puestos de trabajo en ramas características del turismo fueron 1.269.070, un 6,2% del total de la economía, entre los segmentos de hotelería, restaurantes, agencias de viaje, empresas de transporte con fines turísticos (aerocomercial, trenes turísticos, fluvial, marítimo, automotor), explotación de playas, parques recreativos, reservas, museos, centros de convenciones, predios feriales y otros espacios de recepción de visitantes y otras actividades vinculadas. 

Es una actividad presente y dinámica en todas las regiones y, muy importante, está compuesta en su mayoría por micro, pequeñas y medianas empresas (prácticamente la totalidad del sector: 99,1%).

Suena prometedor, ¿verdad?

Sin embargo, toda esa potencia debe ser correctamente gestionada. Y esa gestión cuidadosa, permanente, respetuosa de los valores naturales y culturales, es un compromiso que deben asumir los gobiernos de distinto nivel, pero también las comunidades anfitrionas, las empresas y prestadores turísticos, las organizaciones de la sociedad civil y, muy importante, los propios viajeros.

Con la sostenibilidad como palabra clave, la naturaleza puede motorizar una economía resiliente a largo plazo. En particular, distintos organismos internacionales como el BID y el Banco Mundial, así como la Organización Mundial del Turismo, reafirman el valor del turismo de naturaleza y su rol en el desarrollo sostenible de los territorios, para la mitigación de la pobreza, como factor de crecimiento económico, como herramienta para la conservación de la biodiversidad y en su contribución al cumplimiento de acuerdos y convenios internacionales claves, como la mencionada “Agenda 2030”.

Argentina, cuenta con una asombrosa dotación de recursos naturales que, con particularidades locales y regionales, se extienden por el territorio, conformando un capital natural de gran riqueza y un atractivo turístico de enorme potencial. 

Un país con una enorme diversidad ambiental, destacado por abarcar en su territorio un gradiente casi completo de ecosistemas que incluyen selvas subtropicales de tierras bajas, selvas de montaña, bosques subtropicales semiáridos, sabanas inundables, desiertos, bosques templados húmedos, praderas, ecosistemas de alta montaña, marinos y polares. En su subsuelo se encuentra el Acuífero Guaraní -uno de los principales reservorios subterráneos de agua dulce-; es el segundo país latinoamericano con mayor cantidad de glaciares y está dentro de los 15 países a nivel mundial con mayor superficie cubierta de hielo, por lo que posee una de las principales reservas estratégicas de agua dulce del mundo. 

En ese sentido, las áreas naturales protegidas son de un enorme atractivo para el turismo. De acuerdo a información del Sistema Federal de Áreas Protegidas (SiFAP), el país cuenta con más de 500 áreas protegidas registradas, de distinta jurisdicción y gestión, que representan el 13,29% del territorio nacional continental, con una superficie total de 36.947.536 hectáreas: parques nacionales, parques interjurisdiccionales marinos, reservas nacionales, reservas naturales y monumentos naturales, parques provinciales, reservas naturales, reservas provinciales, áreas municipales, áreas privadas, refugios de vida silvestre, sitios Ramsar, Reservas de la Biósfera y Patrimonios Mundiales conforman algunos de los principales atractivos turísticos del país. 

Esta diversidad de ambientes, ecosistemas terrestres, de agua dulce, costeros y marinos, con su flora y fauna (vastas colecciones de aves, peces, mamíferos, vegetales, anfibios y reptiles, entre otros), ofrece la posibilidad de pensar estratégicamente en el turismo de naturaleza como el motor de la recuperación, sentando las bases para que el turismo se consolide como parte esencial de la economía nacional, enmarcándose en una agenda más amplia de desarrollo sostenible.

El turismo de naturaleza (incluyendo al turismo activo y el ecoturismo) ya constituía una de las prácticas turísticas de mayor desarrollo y demanda global en el contexto anterior al brote de la COVID-19, con un ritmo de crecimiento tres veces superior al del turismo en general según la OMT.

Por el lado de la demanda, son varios los factores sociales y demográficos a nivel global que explican este proceso de búsqueda de naturaleza y espacios abiertos en los viajes: consumidores bien informados y con mayor conciencia ambiental, por un lado, o la densificación y el crecimiento de las ciudades, con vidas marcadas por el encierro en espacios artificiales y afectadas por situaciones de estrés, por otro. Más de la mitad de la población mundial vive en entornos urbanos. Esto vuelve rutinarios a los espacios urbanos, artificiales y, por contraste, más valiosos a los contactos con la naturaleza en el tiempo de ocio. En Argentina, la población urbana es del 92%. Los escenarios naturales únicos y bien conservados, por contraste con otro tipo de destinos ya saturados, aparecen como deseables y son sumamente motivadores para esta demanda.

Los escenarios naturales y las actividades que allí se desarrollan dan respuesta a los turistas que buscan experiencias transformadoras y memorables en sus viajes. A los factores de atracción anteriores, se suman diversos estudios que señalan los beneficios de un contacto regular con espacios naturales y la realización de actividades en ellos, con impactos positivos en la salud física y mental.

Desde una visión de desarrollo, y dadas las enormes ventajas comparativas en materia de recursos naturales que caracterizan a la Argentina, una práctica verdaderamente sostenible en la naturaleza ofrece al turismo la oportunidad de consolidarse como una actividad económicamente rentable y viable. 

A su vez, el turismo de naturaleza suele generar mayores estadías promedio y mayor gasto de los viajeros en los territorios. El incremento en las variables de estadía y gasto encuentra su explicación, en parte, en la variedad de actividades recreativas de las que los espacios naturales son soporte. A mayor diversidad en el menú de actividades presentadas por un destino, mayor atractivo e interés representará ese territorio y, por tanto, justificará una extensión de la estadía con el consiguiente gasto asociado.

El turismo sostenible de naturaleza es, a su vez, un vehículo de desarrollo social. Muchas de las prácticas asociadas a este producto requieren la contratación de emprendedores y guías locales, estimulando el desarrollo de empresas turísticas (agencias de viajes, transportes, alojamiento, alimentación, artesanías, actividades recreativas y complementarias), habilitando así la diversificación de la matriz productiva y la generación de empleo local de muchas de las economías regionales y de comunidades que, en algunos casos y encontrándose muy postergadas, no cuentan con posibilidades para desarrollar otras actividades productivas.

A su vez, al incluir aspectos pedagógicos y de interpretación de la naturaleza, potencia la sensibilización de locales y viajeros sobre la trascendencia de la conservación de los ambientes naturales, ayudando a minimizar los impactos negativos sobre el entorno.

En síntesis, turismo sostenible (según la OMT) es “el turismo que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y medioambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas.”

Con la excepción de una minoría de áreas naturales protegidas creadas y consagradas exclusivamente a tareas de investigación científica, monitoreo y conservación ambiental, la mayor parte las áreas naturales conciben, junto con la función de conservación, una función social dada por el uso público de esos espacios, teniendo en cuenta el valor turístico recreativo y educativo de los mismos.

En la generación de nuevas áreas protegidas así como en la correcta gestión de las existentes, puede considerarse al turismo como una actividad amigable, lo que requiere dotar a los destinos de infraestructura acorde, que priorice las dimensiones de planificación y conservación en el uso público de estos espacios y que habilite el acceso y permita la visita y disfrute de destinos naturales que se perciben como valiosos pero que aún son emergentes. 

Hay una oportunidad en el desarrollo del turismo de naturaleza. Pero también, y de manera inseparable, hay un deber: el de incluir a la sostenibilidad en la agenda cotidiana de la actividad.

Por Alejandro Briones

Para mejorar la calidad de vida y la economía de las comunidades que viven en las áreas protegidas, sin perjudicar el ecosistema, es de suma importancia la diversificación productiva. Esto se logra incentivando, fortaleciendo y potenciando todas aquellas actividades que allí se desarrollan, adaptándolas a pautas de manejo que garanticen la sostenibilidad ambiental, económica y social.

Para identificar las diferentes actividades que se pueden fortalecer en un territorio, en una primera instancia se debe efectuar un diagnóstico socioambiental que se focalice en el uso de los recursos naturales: la manera en que los obtienen, la historia de ese aprovechamiento, el destino (si lo usan para autoconsumo o para la venta), la organización social, los obstáculos o conflictos, entre otros análisis.

(CeDRUS)

El diagnóstico permite conocer el contexto, los antecedentes de las intervenciones técnicas, así como abordar el trabajo social conjunto que se despliega: en esta instancia es clave la relación que se genera entre los técnicos/as y los pobladores. Esta relación se construye a través de entrevistas individuales y grupales, talleres en donde los pobladores sean los protagonistas (en definitiva, son ellos quienes conservarán o no el territorio) y donde los técnicos o técnicas sólo actúan como facilitadores.

Durante estos encuentros, es posible elaborar en conjunto mapas de relación comunidad-naturaleza, comunidad-mercados, comunidad-modos de vida, entre otras dinámicas grupales. Otra técnica que complementa los talleres o las entrevistas es la observación participante: poder convivir con las comunidades y observar el día a día acompañándolas en sus actividades diarias nos da la posibilidad de percibir otras relaciones entre los pobladores y la naturaleza.

Si tomamos como ejemplo actividades productivas llevadas a cabo por pobladores de diferentes áreas protegidas o potenciales áreas a proteger, encontramos en común algunas de las siguientes prácticas que adoptando un buen manejo son compatibles con la conservación del ambiente:

  • Ganadería: El problema de esta actividad es que generalmente se realiza sin ninguna planificación ni estrategia de venta. Tienen el ganado como capital y lo venden cuando necesitan el dinero y/o para autoconsumo. Como consecuencia de esto, la tierra presenta una alta carga animal, con el consecuente sobrepastoreo y degradación del sistema, en muchos casos, son individuos viejos que no pueden vender porque el mercado no consume. En este aspecto es importante poder trabajar en conjunto para elaborar un plan de manejo, un análisis del mercado y fortalecer la cadena de comercialización.

    Es muy importante, primero, efectuar un estudio sobre la capacidad de carga de ese territorio para definir la cantidad de ganado máximo que puede soportar esa área sin afectar los atributos del ecosistema y a partir de eso evaluar las mejores estrategias. Realizando una buena planificación, un buen sistema de rotación del ganado, entre otras buenas prácticas, se pueden conservar los ecosistemas integrando la ganadería. En este sentido, la principal demanda del mercado son los terneros, esto es favorable, ya que se los vende a los pocos meses del destete evitando que estos individuos pastoreen en el sistema.

(Alejandro Briones)

  • Actividades asociadas a la ganadería: Por otro lado, de la actividad ganadera se desprenden diversas producciones complementarias que se pueden potenciar para una eventual disminución de la carga animal y mejora en la economía familiar. Entre las que encontramos artesanías en cuero (lazos, monturas, instrumentos, entre otros) y producción de quesos. Estas actividades se podrían fortalecer principalmente con capacitaciones en empaquetado y venta, búsqueda de mercados estables, marketing, etc. Además, se pueden complementar con capacitaciones en manipulación de alimentos, búsqueda de certificaciones de sustentabilidad, entre otras posibilidades.
  • Apicultura: A esta actividad la desarrollan muchas comunidades, principalmente para autoconsumo y sin ningún manejo. Básicamente salen a recolectar la miel de las colmenas instaladas en los huecos de algunos árboles. Muchas veces, los apicultores deben cortar el árbol para poder extraerla. En este sentido, se puede mejorar con capacitaciones, instalaciones de cajones, sala de extracción, y otras acciones.También es muy importante la venta y el empaquetado de la miel ya que por lo general se vende en envases (botellas y/o frascos) usados sin su correcta esterilización, lo que implica una disminución del precio y una baja en la calidad del producto. Además, si se implementa un buen manejo se pueden obtener subproductos con mayor precio que la miel, como ser el propóleo, el polen y la cera. Con esta actividad también se mejora la polinización y por ende la producción de frutos que pueda estar asociada al sistema.
  • Turismo: Esta es de las principales actividades sustentables que se asocia a las áreas protegidas y hay mucha información al respecto. En este sentido, conviene incentivar no sólo el ecoturismo o el senderismo, sino también el turismo rural o turismo comunitario, en donde el visitante se relaciona con las comunidades, aprende y se involucra en sus formas de vida. Esto es fundamental para revalorizar la cultura de los pobladores que habitan las áreas protegidas.Otra estrategia es desarrollar el turismo de investigación. Hay muchos investigadores de distintas partes del mundo que se dedican a estudiar determinadas especies que se podrían encontrar dentro del área protegida y podrían dejar un canon o pagar a las comunidades a cambio de alojamiento, comida u otros servicios.

(Alejandro Briones)

  • Frutos del bosque: Existen diversas especies nativas de las cuales los frutos son comestibles. Lamentablemente, por una cuestión de marketing, nos han acostumbrado a las frutas exóticas, dejando de lado nuestros frutos autóctonos. Más allá del consumo directo de los frutos también hay derivados interesantes, como la harina de algarrobo, el arrope de chañar, el dulce de sauco, entre muchas otras. En este aspecto se pueden buscar las formas de abrir nuevos mercados y posicionar estos productos. Además existen muchas especies forrajeras. Por ejemplo, las comunidades del Chaco recolectan los frutos del algarrobo y lo almacenan para alimentar al ganado en épocas críticas. En este sentido, se puede pensar en la restauración con estas especies nativas, ya que el algarrobo fue históricamente cortado para madera y lo sigue siendo. Es una especie clave en diversos ecosistemas y se la asocia mucho con las riveras de las aguadas.
  • Madera: El aprovechamiento de madera para leña, postes para alambrado o cercos, o construcción de casas, es una actividad que si no se efectúa bajo un correcto manejo y control puede facilitar la degradación del área. Para que sea una actividad sustentable, es indispensable realizar un inventario forestal y un mapeo que nos permita conocer la estructura del bosque en su conjunto, de cada especie en particular y la distribución de las mismas. A partir de esto, se puede planificar cuántos individuos se pueden cortar anualmente de cada especie para no afectar los atributos del bosque, establecer los sitios en donde se puede extraer año a año, promover el uso de madera muerta, entre otras prácticas que garanticen la supervivencia del bosque a perpetuidad.

(Alejandro Briones)

  • Plantas medicinales: Casi todos nuestros ecosistemas cuentan con plantas medicinales de las cuales las comunidades hacen, o por lo menos hacían, uso de ellas. Muchas comunidades plantean la necesidad de que no se pierda esa costumbre y de poder registrar en cartillas o algún tipo de material para que se conserve ese conocimiento para las generaciones futuras. Asimismo, algunos pobladores llevan estas plantas a los mercados centrales y las venden en pequeñas bolsitas o puñados. Siguiendo esta línea, una buena acción es agregarle valor a las plantas medicinales empaquetándolas, registrándolas, o haciendo investigaciones sobre los componentes específicos de las plantas relacionando el conocimiento ancestral con el científico para lograr potenciar su uso y por ende su mercado.
  • Artesanías en madera, fibras de plantas autóctonas y cueros: es común entre los habitantes de las áreas protegidas realizar artesanías con diferentes materiales de la zona, éstas en todos los casos se efectúan de una manera artesanal sin perjudicar el ecosistema, por lo que es otra actividad muy factible de potenciar y generar mercado, como una manera de incorporar capital al sistema económico del territorio.

(Alejandro Briones)

  • Agroecología: La mayoría de las familias de las zonas rurales tienen su huerto y/o chacra o la
    han tenido en algún momento y, por diversas razones, la han abandonado. A la mayoría se las ha alejado de sus formas tradicionales de producción, incentivándolos a realizar nuevas prácticas en donde se incorpora el uso de fertilizantes químicos, insecticidas y otros compuestos que perjudican la tierra y generan dependencia de estos productos. Para resolverlo, es importante concientizar sobre la agricultura agroecológica, y poder lograr algún tipo de certificación orgánica, entre otras estrategias.

Las actividades que se pueden potenciar y/o fortalecer en un área específica conservando los servicios ecosistémicos, son diversas, y muchas se relacionan directa o indirectamente entre ellas. El correcto manejo y/o aprovechamiento es clave para garantizar la sustentabilidad del territorio.

Diversificar las producciones y/o servicios permite entre otras cosas, mejorar las economías familiares y la calidad de vida de las mismas, disminuir los riesgos ante cambios en el mercado, adaptarse a las condiciones biofísicas locales, hacer un uso eficiente de los recursos localmente disponibles, evitar la degradación de la tierra en algunos casos con la consecuente desertificación, disminuir el impacto en el ambiente e incluso mejorar el ecosistema. En conclusión, es una estrategia que garantiza la adaptación y la resiliencia de las comunidades ante los cambios climáticos y del mercado y garantiza la sostenibilidad ambiental, social y económica de un territorio.

Por Biól.  Agustina Di Pauli

Hoy más que nunca está claro que se vive en una distopía. Todos los días miles de hectáreas de bosques se deforestan y se incendian, el agua y el aire están cada vez más contaminados, pueblos enteros se ven obligados a migrar por los estragos que causan las mineras y por el avance de la frontera agrícola, los niños mueren por falta de acceso al agua potable, las especies desaparecen.

La fragmentación y simplificación de los ecosistemas aumentan la propagación de patógenos y crece el riesgo de transmisión de enfermedades zoonóticas, como la del virus COVID-19 que sumó el flagelo de la pandemia. ¿Quizás la primera de muchas que vendrán? ¿Cuántas más harán falta para reaccionar frente a los desafíos globales que manifiesta la naturaleza tan claramente?

No hay más tiempo, temas como la crisis ambiental, el derecho a un ambiente sano y la soberanía alimentaria merecen una discusión estructural. Urge adoptar un abordaje integral de la gestión de la conservación y abandonar modelos obsoletos, probar nuevos enfoques y ser creativos para estar a la altura de los cambios globales.

Desde siempre existió la dualidad entre producir y conservar, hoy el desafío está en generar nuevos paradigmas integrales, donde producir no implique seguir perdiendo ecosistemas, ni conservar implique dejar afuera a la gente.
Entre las ideas que aún imperan, está la de que el desarrollo de las sociedades sólo es posible a través de modelos extractivistas y de corto plazo; y que preservar los ecosistemas es un capricho de una elite conservacionista con privilegios. Entonces, si hay pobres se intenta crecer a cualquier costo para darles algo, en lugar de distribuir lo mucho que ya tienen unos pocos. El tiempo ha corroborado que estos modelos donde se favorece el crecimiento exponencial, solo generan más pobreza y que la crisis ambiental no hace otra cosa que profundizar las desigualdades sociales preexistentes.

La puesta en práctica de alternativas sostenibles y sustentables en los procesos de producción probablemente lleva un poco más de tiempo que los modelos tradicionales, pero proyectan un impacto más beneficioso a largo plazo y no sólo para unos pocos. Esto último es lo que realmente hace la diferencia, generan equidad y en consecuencia, sociedades más prósperas.

Una de las herramientas fundamentales como estrategia para reaccionar frente a los desafíos de conservación de la vida silvestre, reducción de la pobreza, mitigación y adaptación al cambio climático, son las áreas protegidas (AP). Pero sucede que cuando se habla de AP, automáticamente se piensa en verdaderos jardines del Edén donde todo está intacto y es intangible, lugares sin gente donde la presencia humana está prohibida o es perjudicial. Algo bastante alejado del real uso de la tierra en el planeta y la forma de habitarlo.

En principio es necesario volver a conectar con el sentido original de las AP como fuentes de biodiversidad natural, pero también como importantísimos sitios de valor social, cultural y económico; sitios modelo para la investigación y la generación de conocimiento; espacios ideales para realizar educación ambiental; zonas de amortiguamiento y regulación; fuentes de servicios ecosistémicos; lugares de entretenimiento y aprecio; las potencialidades son infinitas. Viéndolo de otra forma, sin AP, la temperatura del planeta sería aún más caliente y se habrían perdido miles de especies.

Luego se precisa repensar la relación entre las AP y la sociedad donde, más allá de los investigadores, técnicos y divulgadores, sean las comunidades locales las que se beneficien de la conservación de la naturaleza. De esta manera, los objetivos de conservación de la biodiversidad se verán favorecidos de manera casi espontánea.

Manejadas adecuadamente, las AP pueden financiarse a sí mismas y aún mejor, ser motores de desarrollo local debido a que generan economías basadas en el turismo. Entonces, las AP constituyen espacios reales de planificación, donde se pueden generar diálogos constructivos con gobiernos, pueblos originarios, habitantes locales, universidades y municipios, con el objetivo de lograr verdaderas políticas de inclusión social, conservación y sostenibilidad a través de procesos participativos legítimos. Para lograr esta ambiciosa meta, se debe exigir el fortalecimiento de todas aquellas estrategias que brinden oportunidades reales de protección del ambiente, acompañadas de actividades que permitan un desarrollo local más integral, sustentable y armónico con el entorno.

Sin caer en la ingenuidad o la utopía, se sabe de la cadena de complicidad y corrupción que permite el saqueo y también se sabe que pretender cambiar esto es particularmente difícil en América Latina y el Caribe, lugares donde abundan los asesinatos a líderes socioambientales. Siendo así, la opción es moverse en bloque, como pueblo. Pero para que eso suceda, la sociedad que hoy acompaña involuntariamente las crisis, debe pasar a ser también parte de la lucha; y esto es posible mejorando la participación de las comunidades locales en el manejo de las AP e implementando proyectos económicos que brinden las propuestas técnicas necesarias que les permitan a los productores llevar adelante actividades sostenibles y a las comunidades originarias crear sus propios bionegocios.

Esto último es otro de los temas esenciales al hablar de conservación: la importancia de los pueblos originarios. Cada vez hay más evidencia de que los conocimientos ancestrales y las técnicas tradicionales sostenibles que aún conservan muchas comunidades, contribuyen a la protección de la diversidad biológica y cultural. Desde su concepción, las comunidades originarias vienen preservando ciertos territorios como “sitios sagrados” donde no se debe cazar para permitir la reproducción de los animales y respetar sus ciclos naturales. De cierta manera, estos sitios representan puntos calientes de biodiversidad o “hotspot”, donde las propias comunidades ocupan el rol de guardianes de sus territorios comunitarios y, de esta forma, podrían pensarse como pequeñas AP intrínsecas a una cosmovisión.

Un estudio de 2019 de Science Advances, realizado en más de 600 AP de 34 países, evidenció cómo las AP proporcionan beneficios económicos y sanitarios a las poblaciones adyacentes, sobre todo impactan en la salud de los niños. Los resultados mostraron que el turismo implicó beneficios directos en la generación de empleo, mejor infraestructura y mayor presencia institucional en la zona; especialmente en las AP que presentaban zonas destinadas a los usos múltiples, ya que permitían el acceso sostenible a los recursos naturales. Sumado a que la salud ambiental en estas áreas, se tradujo en una mejor calidad del agua y del aire, en una mayor provisión de servicios ecosistémicos y funcionaron como importantes zonas de amortiguamiento de inundaciones.

Existen pruebas contundentes que sugieren que invertir en la creación de AP y en el turismo de naturaleza aporta beneficios reales a las comunidades locales. Un ejemplo de esto en Argentina es el del Proyecto Iberá en la provincia de Corrientes, donde una de las transformaciones más impactantes fue la de algunos cazadores que abandonaron esa costumbre y actualmente son guardaparques del AP. Iberá es un ejemplo claro de que no importa cuánto tiempo tome lograr hacerlo bien, vale la pena aprender con la práctica.

La laguna Mar Chiquita, un cuerpo de agua salada situado al noreste de Córdoba y al sureste de Santiago del Estero, alberga la nidada de flamencos australes más grande de Latinoamérica en la temporada reproductiva 2020-2021.

Expertos locales en conservación indican que en los últimos meses se contaron más de 300 mil individuos y se observaron siete nidadas de flamencos australes. Los censos de flamencos en Mar Chiquita comenzaron a realizarse por el guardaparques y miembro del Grupo de Conservación de Flamencos Altoandinos (GCFA) Pablo Michelutti, y continúan hasta la actualidad.

Los vuelos que permiten contabilizar a las aves se realizan en dos momentos del año, durante el verano y el invierno. Tres organizaciones colaboran para concretar los censos: el GCFA, Natura International y la Secretaría de Ambiente de Córdoba.

(Crédito: Lucila Castro / Natura International)

La laguna Mar Chiquita y los bañados del Río Dulce, además de ser el hábitat y lugar de reproducción del flamenco austral, son un punto de migración para el flamenco andino (o parina grande) y el flamenco de James (también llamado parina chica), por lo que en la zona se observan tres especies de flamencos de las seis existentes en el mundo. Por otro lado, en la zona hay un aproximado de 380 especies de aves entre residentes y migratorias, lo que convierte al humedal en uno de los más ricos del mundo en términos de biodiversidad.

Un ejemplar adulto de flamenco austral puede llegar a medir en promedio unos 100 centímetros, y tienen patas largas y pico curvo, adaptados para la búsqueda de alimento en la laguna barrosa. Nacen con un plumaje grisáceo, amarronado o blanco. Al llegar a la madurez, las plumas toman tonalidades rosadas porque los flamencos se alimentan de algas y crustáceos propios del lugar, que contienen pigmentos. Según el lugar que habiten y las especies de las que se alimenten, el tono rosado de las plumas de los flamencos puede variar de intensidad.

(Crédito: Yanina Druetta / Natura International)

Cómo se hacen los censos

La laguna Mar Chiquita y los bañados del Río Dulce se extienden por casi un millón de hectáreas del noreste cordobés y el sudeste santiagueño. Los censos aéreos son la única manera viable, por el momento, para estimar poblaciones de aves en humedales tan extensos.

Durante el vuelo, un censista va a cada lado del avión para realizar el relevamiento fotográfico. Junto con la metodología del aforo, estas imágenes se procesan en un software y son útiles para contar directamente la cantidad de individuos y qué especies habitan el humedal.

El cortejo y la nidificación

Algunos años, con la llegada de septiembre y el aumento de la temperatura, los flamencos se congregan en el humedal para comenzar el cortejo. Allí, los flamencos en edad reproductiva se reúnen en grupo y realizan una danza con la que buscan atraer a sus parejas. Cuando lo consiguen, se aparean.

(Crédito: Yanina Druetta / Natura International)

Si el proceso tiene éxito, la pareja de flamencos construye el nido en las márgenes de la Laguna Mar Chiquita, donde luego se deposita un único huevo. Desde allí, la pareja se dedica a proteger el huevo hasta el nacimiento del pichón.

Es de gran importancia generar instancias de conservación en el sector. Según la lista roja de especies amenazadas de la IUCN, los flamencos australes están casi amenazados y su tendencia poblacional está decreciendo.

Los flamencos son aves muy sensibles. Si se asustan, abandonan los nidos en masa, se van del lugar y dejan los huevos y las crías a la deriva. Es clave no molestarlos para que se puedan reproducir con normalidad.

(Crédito: Matías Michelutti)

Una promesa de conservación

El futuro Parque Nacional Ansenuza está próximo a su creación. Cuando esté establecido, las casi un millón de hectáreas entre la laguna y los bañados estarán protegidas bajo un marco legal, lo que contribuirá a la conservación de estas especies.

Una vez que se cree el parque, a su alrededor se podrán realizar actividades económicas de forma sustentable, sin afectar a la flora y fauna del lugar. Además, con la nueva área protegida, habrá nuevo personal y un presupuesto específico dedicados a preservar el humedal.

Para lograr la creación del Parque Nacional Ansenuza es fundamental la capacitación y educación ambiental de todos los actores involucrados en el proceso de establecimiento. Además es necesario desarrollar acuerdos que den pie a los cambios en el uso del suelo necesarios para crear el área.

Por Enrique Bucher

Los humedales están entre los ecosistemas más amenazados a nivel mundial. Se estima que la mitad de la superficie ocupada originalmente ya se ha perdido, a pesar de los esfuerzos internacionales, en particular de la Convención Ramsar de 1971. Esta reducción impacta obviamente sobre la biodiversidad y los servicios ambientales que prestan los humedales.

El Gran Chaco Sudamericano es una ecorregión todavía rica en humedales, aunque no escapa a la tendencia regresiva mundial. El Chaco no sólo está afectado por una intensa deforestación, sino también por un proceso paralelo e igualmente intenso de pérdida de pastizales naturales, tanto en ambientes terrestres como en humedales. Lamentablemente, esta pérdida no ha recibido una atención proporcional a la otorgada a los bosques, tanto a nivel de la opinión pública como de la legislación vigente.

Los Bañados del río Dulce ocupan el valle de inundación de la porción final del río Dulce que incluye porciones de Santiago del Estero y Córdoba. Con una extensión de alrededor de diez mil kilómetros cuadrados, constituyen un ejemplo destacado y muy valioso de los pocos fragmentos de gran superficie que todavía subsisten en el Chaco.

La región está caracterizada por un paisaje heterogéneo y complejo, en el que se combinan el curso del río Dulce, lagunas temporarias y permanentes, amplios pastizales, y matorrales de arbustos y cardones, constituyendo una típica sabana inundable de origen pluvial. Dentro de esa vasta región se encuentra el área protegida de la reserva provincial y sitio Ramsar “Bañados del río Dulce y Laguna Mar Chiquita” en la provincia de Córdoba. No existe una contraparte con igual grado de protección en la provincia de Santiago del Estero.

(Crédito: Victoria Lassaga / Natura International)

El rol de las inundaciones y el fuego

Los pastizales de humedales salinos están condicionados fundamentalmente por una alta salinidad de los suelos y también por dos factores dinámicos fundamentales: la ocurrencia de inundaciones e incendios anuales. Ambos son esenciales para la supervivencia de los pastizales.

La inundación anual se origina por los desbordes anuales del río Dulce, los que ocurren entre marzo y julio aproximadamente.

Esta lámina de agua se desplaza hacia el sur hasta llegar a la laguna Mar Chiquita, cubriendo un área que varía anualmente dependiendo de las lluvias en la cuenca del río, la cual puede llegar a más de cuatro mil kilómetros cuadrados. La inundación lava las sales de los suelos y aporta nutrientes acarreados por el río, facilitando el crecimiento de la vegetación. Al retirarse las aguas al final del invierno gran parte de la biomasa vegetal producida se seca y es fácilmente inflamable, dando lugar al período anual de incendios, los cuales tienen tanto origen natural (rayos) como producidos por el hombre. El fuego elimina los arbustos que compiten con los pastizales y produce un rápido ciclado de nutrientes y el rebrote de pastos con alto valor nutritivo para el ganado.

Ni la inundación ni el fuego son procesos adversos que deban ser controlados. Por lo contrario, si se los elimina el sistema puede ser alterado en gran medida. La importancia de estos pulsos ambientales anuales se evidencia cuando se visualiza el impacto ambiental que tendría la supresión de los mismos. La salinidad del suelo aumentaría, los pastizales serían reemplazados por arbustos, y el paisaje se transformaría en un salar mucho menos productivo y con menor biodiversidad de aves y otras especies.

(Crédito: Victoria Lassaga / Natura International)

Uso de la tierra

El área de los Bañados estuvo bajo control indígena hasta alrededor de 1860, cuando las poblaciones indígenas fueron desplazadas. Desde entonces la población europea fue siempre baja, y la ganadería fue el principal recurso bajo explotación. El manejo del ganado se basó en la ganadería trashumante, práctica que consiste en mover los rebaños lejos de la costa del río Dulce en época de crecidas para retornarlo durante la estación de bajante. Dicho manejo era posible gracias a la falta casi total de alambrados. Esta práctica es común en otras regiones pastizales del mundo, y es equivalente a la “veranada” que se practica en las regiones montañosas de Argentina cuando se traslada al ganado a tierras altas en verano y se lo retorna a las partes bajas en invierno.

Amenazas

A partir de finales del siglo XX y comienzos del XXI han aparecido nuevas formas de manejo del recurso hídrico y uso de la tierra que amenazan seriamente el futuro de los bañados.

En primer lugar, el aumento del consumo de agua para uso doméstico y agrícola en el alto Río Dulce ha determinado una disminución del aporte que llega a los bañados, tanto en términos del caudal anual total como de la magnitud de las inundaciones anuales. En segundo término, se viene produciendo una rápida escalada en adquisiciones de tierra en la región destinadas a implantar ganadería y aun cultivos en áreas cercadas permanentes, haciendo de esa forma prácticamente imposible la continuación de la ganadería itinerante, y provocando cambios en la vegetación natural debida a la implantación de pasturas y cultivos no nativos.

(Crédito: Victoria Lassaga / Natura International)

Como resultado se observa una modificación significativa de la estructura del paisaje de los bañados aun dentro del área protegida en Córdoba, lo cual está siendo muy negativo para la biodiversidad regional. En adición, estos cambios han provocado serios conflictos sociales con los pobladores originales del área que practicaban la ganadería itinerante.

Qué hacer

A menos que las actuales amenazas sean reconocidas y que tanto la comunidad local como las autoridades regionales logren implementar medidas de manejo adecuadas, la subsistencia de los bañados del río Dulce está claramente amenazada. Para ello se requieren acciones inmediatas y basadas en el entendimiento de la funcionalidad ecológica de los bañados de río Dulce.

Esto incluye en primer término una racionalización del manejo del caudal del río Dulce que asegure la cantidad necesaria para mantener el ecosistema en su condición actual, tanto en lo que hace a la cantidad de agua como al pulso anual de inundación.

Además, se requiere replantear el uso de la tierra que se hace en la actualidad, que no solo afectan a las pasturas nativas y a la biodiversidad local, sino que también tienen limitaciones muy severas para el uso agrícola ganadero tradicional.

Muy importante también sería crear nuevas áreas dentro de los bañados bajo condiciones de reserva estricta (sin ningún tipo de uso), con el fin de asegurar la preservación integral de la biodiversidad de la ecorregión.

Referencia: Bucher, E. H. 2016. El futuro incierto de los humedales del Chaco: el caso de los bañados del Río Dulce. PARAQUARIA NATURAL 4(2): 11 -18.

Por Sofía Dottori Fontanarrosa

La actividad minera es un tipo de producción de consumo extensivo de recursos naturales no renovables. Por su esencia extractiva, implica la modificación de la topografía en donde se desarrolla. Dependiendo del tipo de yacimiento, las explotaciones mineras pueden ser metalíferas, no metalíferas o rocas de aplicación; y de acuerdo con el tamaño del proyecto, la escala se extiende desde pequeña minería hasta megaminería. Esta última implica daños ambientales y paisajísticos irreversibles.

En Argentina, el 90% de la minería se produce a cielo abierto y consiste principalmente en oro, plata y cobre. Los yacimientos metalíferos constituyen el grupo con mayor participación en el valor total de la producción con el 73,1%, seguido por las rocas de aplicación con el 23,2% y finalmente los yacimientos no metalíferos con el 3,7%. Según el Banco Mundial, en los últimos años la minería no alcanzó el 1% del PBI. Es más: actualmente representa el 0,6% y genera menos del 1% del trabajo registrado en el país.

Minería a cielo abierto (Pixabay)

La minería de superficie difiere bastante de la minería tradicional, predominantemente subterránea. Esta transición histórica de un modelo a otro, parte del progresivo agotamiento global de los metales en vetas de alta ley, por lo que, al disminuir la concentración del mineral contenido en las rocas, la explotación mediante socavones deja de ser rentable. Actualmente, más del 60% de la minería mundial es a cielo abierto y aplica técnicas de procesamiento por lixiviación o flotación para extraer los minerales diseminados en la roca portadora.

Toda actividad minera emplea explosivos (usualmente ANFO – mezcla de nitrato de amonio y combustible) que ocasionan voladuras de montañas y permiten retirar considerables volúmenes de roca, dando lugar al escalonamiento y formación del ‘open pit’. Un único emprendimiento puede abarcar hasta 1000 hectáreas, donde se remueven hasta 300.000 toneladas de roca por día, se utilizan 100 toneladas de explosivos y se emiten al ambiente 100.000 litros de combustible y sustancias químicas de alta toxicidad (cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, xantato, entre otros) en forma líquida o gaseosa.

Minería a cielo abierto (Pixabay)

El proceso genera enormes cantidades de desechos y efluentes. Más del 95% de la roca extraída se convierte en residuo al no poseer minerales de interés económico. Para extraer un gramo de oro, se producen hasta 4 toneladas de escombros y se utilizan aproximadamente 1000 litros de agua.

Las dimensiones de la megaminería y sus resabios son descomunales. Tan solo el open pit puede llegar a medir más de 1,5 kilómetros de diámetro y hasta 1 kilómetro de profundidad, las escombreras pueden extenderse por cientos de hectáreas, y los diques de cola (presas para el almacenamiento de los sólidos remanentes del tratamiento del mineral) significan inminentes amenazas sanitarias que merecen un riguroso seguimiento. Estas huellas se conocen como ‘pasivos ambientales’ y evidencian el impacto que la minería genera en su entorno.

La flora y la fauna nativa no escapan al desequilibrio ecosistémico. La deforestación de superficies forestales y la degradación de los suelos arrasan con la invaluable capacidad de estos sumideros para absorber emisiones de gases de efecto invernadero y mitigar el cambio climático. De este modo, la cubierta edáfica es desalojada y reemplazada por un suelo reseco, infértil e impermeable. Esta perturbación impulsa la aniquilación de hábitats, la incapacidad de infiltración de agua, la alteración del sistema de drenaje natural y atenta contra el potencial agrícola-ganadero que dicha área puede ofrecer.

Los impactos negativos se abren camino en todas las direcciones. Desde ruidos por voladuras, trituración y molienda, hasta cuerpos de agua superficiales y subterráneos contaminados por derrames no controlados.

Lago ácido contaminado por la minería a cielo abierto (Pixabay)

El uso de explosivos aumenta las concentraciones de nitratos y amonios lo que desencadena la eutrofización del medio acuático. La suspensión de material particulado reduce la textura de su substrato y atenúa la penetración de la radiación solar tan esencial para el desarrollo de la biota. Por otra parte, en aquellas áreas cubiertas por aguas estancadas, sucede la multiplicación de agentes patógenos, un riesgo sanitario para todo su entorno.

En casi todos estos tipos de proyectos las empresas encargadas se benefician con leyes impositivas y exigen a los gobiernos locales subsidios en la provisión de energía y agua necesarias para operar. Sin embargo, sus regalías no ajustician la magnitud de los réditos obtenidos. La promesa de un crecimiento económico es un discurso que se utiliza hábilmente para legitimar la actividad.

La monopolización de la minería no deja margen para la prosperidad de otras industrias regionales, como la pesquera, agropecuaria o turística. En ocasiones, las disputas por el derecho al uso de la tierra desencadenan candentes conflictos sociopolíticos, especialmente en sectores donde el patrimonio cultural es perversamente vulnerado. La destrucción de la corteza terrestre, la sobre explotación de recursos finitos, la generación inconmensurable de residuos industriales peligrosos y patogénicos, cuestionan la ética con la que se defiende estas prácticas.

Minería a cielo abierto (Pixabay)

Las áreas protegidas son la luz para la sostenibilidad del medio físico. No se trata de una actividad lucrativa sino de un bálsamo holístico sobre todos los componentes de la naturaleza. Son espacios altruistas para el bienestar de la biodiversidad, donde los procesos ecológicos y el desarrollo humano conviven en una simbiosis justa y balanceada. Estas áreas geográficamente definidas y amparadas por un marco legal constitucional son el instrumento certero para la conservación a largo plazo de los servicios ecosistémicos.

Por eso, la actividad minera y las áreas protegidas son absolutamente incomparables, puesto que se encuentra una en la antípoda de la otra. Mientras que la extracción minera abusiva y descontrolada es la profanación de los tesoros geológicos del planeta, las áreas protegidas son el portal a la resiliencia, a la sostenibilidad y a la conexión armoniosa con la Tierra. Proteger nuestros recursos naturales es reservar la abundancia que las generaciones venideras también merecen.

“No heredamos la tierra de nuestros padres, la tomamos prestada de nuestros hijos.”
– Proverbio indio –

 

Por Victoria Lassaga, Laura Steffolani, Rosario Espina y Andrea Michelson

El trabajo territorial es uno de los pilares fundamentales de Natura International en su actividad principal: promover la creación de áreas protegidas. Este año, la pandemia trastocó, como en todos los ámbitos, la rutina de trabajo. Nuestra tarea en la ‘vieja normalidad’ consistía en realizar relevamientos técnicos tanto ambientales como sociales, talleres y charlas con las comunidades, actores claves, otras organizaciones de la sociedad civil o entidades académicas y los distintos actores locales que confluyen en esos espacios, principalmente representantes de los gobiernos, tanto municipales como provinciales o nacionales.

 

Uspallata – Mendoza

 

Este año, debido a las medidas de aislamiento a raíz de la pandemia global, nos enfrentamos a un gran desafío: cómo sostener el contacto con los territorios a la distancia. Como la capacidad de visitar los territorios se limitó completamente, tuvimos que buscar otros mecanismos para sostener canales de comunicación fluidos tanto entre los miembros del equipo como con los otros actores. La situación nos obligó a repensarnos y replantearnos institucionalmente, con la convicción de que nuestro trabajo tiene un propósito muy claro que nos trasciende como individuos: la conservación de la biodiversidad a largo plazo.

Algunos de los sitios en los que trabajamos se encuentran aislados, con poca conectividad o acceso a herramientas digitales, ya que son áreas con un gran valor de conservación y a mucha distancia de las grandes urbes, foco de las principales problemáticas ambientales. Comunidades de pueblos originarios o de alta montaña con las que trabajamos, no siempre cuentan con los recursos -económicos o tecnológicos- para garantizar una buena conectividad. Este hecho limitó la comunicación que teníamos con ellas. Algunos procesos que necesitaban alcanzar consensos horizontales fueron pospuestos, pues entendimos que mecanismos de participación por la vía virtual podrían no ser abarcativos y representativos de los intereses reales de esas comunidades locales, y que la falta de participación por problemas de conexión a internet profundizaban desigualdades. En otros procesos, logramos agilizar los mecanismos virtuales de comunicación y pudimos generar reuniones para la toma de decisiones y hasta capacitaciones y talleres. 

 

Hippocamelus antisensis – Taruca.  Fuente: Mathias Jacob

 

La pandemia nos planteó un gran desafío para afrontar tanto desde el punto de vista institucional como desde nuestra individualidad en tanto profesionales. Pero a quienes trabajamos en el mundo de la conservación, los desafíos no nos paralizan. Al contrario: nos estimulan. Hemos logrado sostener los proyectos a pesar del necesario distanciamiento social. Buscamos diversas y nuevas formas de comunicarnos y eso nos permitió lograr grandes resultados: la firma de convenios con instituciones gubernamentales y acuerdos de trabajo con otras fundaciones, el sostenimiento del contacto periódico con las comunidades y los actores claves de cada uno de los proyectos utilizando diversas formas de comunicación, la realización de talleres, charlas y capacitaciones sobre la demanda que las circunstancias requerían, el fortalecimiento de nuestras bases de información desde un punto de vista técnico/científico y la revalorización de la comunicación con otros y otras a través de nuestras redes sociales.

La pandemia generó un gran impacto mundial ya que afectó a toda la sociedad de diferentes maneras. Aumentó las desigualdades al dejar más expuestos a los sectores que sufren una mayor vulnerabilidad, y nos desafió a repensarnos a aquellos que nos encontramos en una situación más privilegiada. El efecto de la mano del hombre sobre el ambiente disminuyó significativamente pero la falta de monitoreo por parte de los organismos a cargo también. Por ejemplo, las tasas de deforestación en Argentina aumentaron significativamente.

Hubo un gran aprendizaje en la pandemia: aunque la distancia fue un nuevo reto a resolver, despertó nuestra creatividad al momento de buscar soluciones. Ahora no podemos dar pasos atrás: es muy probable que las estrategias de reactivación económica vengan de la mano de procesos extractivistas. Eso es motivo suficiente para reforzar nuestro compromiso de seguir promoviendo economías limpias para conservar nuestros limitados recursos naturales a través de nuevas áreas protegidas.

Por Lucila Castro – Directora y Equipo Natura Argentina

Está claro que la pandemia tuvo un efecto devastador en el mundo entero. La cantidad de muertes y la crisis económica y social que deja la llegada del COVID-19 la convierten en uno de los eventos más trágicos que sufrió la humanidad en las últimas décadas a nivel global.

 

Bañados de Río Dulce – Santiago del Estero

 

Sin embargo, este desastre sanitario permite otras lecturas. Los impactos negativos en el ambiente han, en algunos casos, disminuido a lo largo del año y en todo el planeta. Según un informe realizado por la AEMA (Asociación Europea de Medio Ambiente), hay algunos puntos importantes a destacar: la pandemia puso de relieve las interrelaciones entre nuestros sistemas naturales y sociales,  la pérdida de biodiversidad y los sistemas alimentarios intensivos aumentan las probabilidades de que se produzcan enfermedades zoonóticas; los cierres provocados por los confinamientos durante la pandemia pueden tener algunos impactos positivos directos y a corto plazo en nuestro medio ambiente, especialmente en lo que respecta a la calidad del aire, aunque es probable que sean temporales; por otro lado, el COVID no está afectando a todos los grupos socioeconómicos por igual, las personas menos favorecidas tienen más probabilidades de vivir en viviendas de mala calidad y hacinados, lo que pone en peligro el cumplimiento de las recomendaciones de distanciamiento social y aumenta el riesgo de transmisión del virus.

Si hablamos particularmente sobre lo que respecta a la calidad del aire, las emisiones diarias de dióxido de carbono (CO2) se redujeron un 17 % a nivel mundial durante la primera mitad del año 2020. La NASA, por su parte, mostró imágenes satelitales sorprendentes que reflejan un marcado y llamativo descenso de las emisiones de dióxido de nitrógeno (NO2) —cuya principal fuente son los automóviles— en comparación a la época previa al confinamiento.

 

Bañados de Río Dulce – Santiago del Estero

 

La duda que surge ahora es si una vez superada esta situación se mantendrá la lucha contra el cambio climático y el compromiso de la sociedad por lograr un ambiente sano. En definitiva: ¿Esta pandemia nos habrá enseñado algo?

Hemos pasado varios meses de encierro, saturados por la rutina y…¿Qué buscamos ahora? Disfrutar de espacios abiertos, aire libre, entornos limpios, evitar aglomeraciones, desconexión, respirar aire fresco y olvidarnos por un rato de los problemas. ¿Y dónde encontramos todo eso? En la naturaleza.

El cuidado -o mejor aún, el no daño- de la naturaleza es una inversión. Se trata de la mejor decisión para protegernos de este virus y evitar futuras enfermedades de este tipo.

Podemos tomar esta situación como una oportunidad para reflexionar y comprender no sólo la complejidad del ambiente y nuestro vínculo indisociable con él sino también cuán vulnerables somos a las acciones de degradación que nosotros mismos realizamos.

Debemos mantener una relación sana y de respeto con el medio natural. Cuidar el planeta significa cuidarnos a nosotros mismos.

Por Biól. Cristian Schneider

Santa Victoria – Salta – Fuente Alejandro Briones CeDRUS

Si bien desde la sanción de la Ley Nacional 26331 de “Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos” en 2007 -ley que surgió de la masiva presión ciudadana y el trabajo de innumerables actores políticos y de la sociedad civil-, disminuyó considerablemente la tasa de deforestación que se venían produciendo, aún así 2,8 millones de hectáreas de bosque nativo fueron deforestadas desde ese año hasta el 2018. Un tercio de esa deforestación se dio en Categoría I y II Zonas Rojas y Amarillas de protección donde la prohibición del desmonte es absoluta, y otro tercio en bosques nativos ¡sin categorizar! Sí, hay provincias con ecosistemas de bosque nativo que no sólo no fueron incluidos en alguna Categoría, sino que además permiten su desmonte (los “bosques invisibles”, en eso los convierten). El tercio restante del desmonte se produjo en Categoría III Zonas Verdes, que lejos de la oportunidad de materializar modelos sustentables de uso y restauración de ecosistemas de bosque en estado de degradación, fueron la variable de sacrificio y transformación total de ellos, incluso sobre sitios en buen estado de conservación. Recordando que por Constitución Nacional el dominio originario sobre los recursos naturales es de las jurisdicciones provinciales, y que a través de los Ordenamientos Territoriales de Bosque Nativo (OTBN) provinciales, las decisiones de planificación, instrumentación y control corrieron por cuenta de estas, la responsabilidad entonces de esta destrucción ambiental ha sido de estos gobiernos, en contextos de macro políticas económicas y productivas nacionales que la promovieron y profundizaron.

¿Este es el espíritu que entienden los gobiernos de la ley ambiental más importante de nuestro país? ¿de la primera Ley de Presupuestos Mínimos que tanto esfuerzo costó obtener, que tanto invocamos desde la ciudadanía al momento de demandar la defensa de nuestro ambiente? ¿Por qué hoy es tan difícil obtener la voluntad gubernamental para que las leyes sean instrumentos ciertos de política ambiental territorial y no meros enunciados de intenciones? Y si la voluntad de cumplir no está, ¿vamos a priorizar eternas reformas a obtener hechos concretos de implementación? ¿Necesitamos Leyes que solo enuncien algo? ¿No necesitamos que las leyes instituidas, aún en la generalidad de las escalas en su letra, sean compromisos ineludibles y tangibles en la responsabilidad de la defensa de derechos colectivos, ciudadanos y de naturaleza? Es innegable que los intereses económicos y productivos que promueven estos problemas y conflictos ambientales, son muy efectivos en su incidencia y participación en las políticas ejecutivas gubernamentales.

 

Mar Chiquita – Córdoba – Fuente Yanina Druetta

 

Analizando el caso de la Provincia de Córdoba, sumamos que su OTBN se encuentra vencido y pendiente de actualización desde 2015 (situación similar con la gran mayoría de las provincias), en una negativa a convocar un proceso participativo ciudadano transparente -que demanda la Ley 26331 y demás normativa de COFEMA-. Participación ciudadana que incluso es mencionada en la Ley 10208/14 de Política Ambiental, donde se instituyen los Ordenamientos Ambientales Territoriales Provincial y Municipales aún adeudados. ¿Cómo entonces es considerada la participación social de las comunidades afectadas por estas problemáticas en la construcción de políticas públicas, si ni siquiera se cumplen mínimamente la letra de las leyes vigentes?

Con 30 Áreas Protegidas provinciales legisladas sobre 4 millones de hectáreas y sin implementar en sus aspectos mínimos, este año padecimos 340.000 ha quemadas, superficie récord histórico en décadas para la provincia, de incendios en su gran mayoría de origen humano e intencional, convertidos ya -incluso a nivel nacional-, en las nuevas topadoras del siglo XXI. Y todo esto en un contexto de pandemia mundial, provocada por la misma destrucción de ambientes de los modelos productivos y de uso de la biodiversidad que nos rigen. Y producto de ella, los mecanismos sociales de cuidados implementados, hoy atraviesan negativamente la calidad de nuestra participación ciudadana, visto las audiencias públicas y reuniones políticas virtuales que no son diálogos, sino convenientes mecanismos de control de la discusión, para quienes en suerte puedan llegar a acceder a esas pantallas-espacios. ¿Reduciremos hoy la participación a su mínima expresión virtual, en este contexto de pandemia -y en las que vendrán-, solo alcanzables para quien pueda tener acceso digital de calidad o se les permita hacerlo, en un entorno de absoluto control de sus resultados? La ecuación cierra: control de la participación si, transparencia y licencia social no.

 

Sierra de Famatina Rio Florentina – La Rioja

 

¿Hacia dónde miramos? ¿Discursos o política participativa en el territorio? ¿Seguimos siendo inducidos a análisis superficiales de nuestras crisis ambientales, y por lo cual no nos permitimos pensarnos en un modelo de política, producción y vida radicalmente diferente al que nos tienen acostumbrados gobiernos, industrias, capitales económicos y medios de comunicación? ¿Decidimos que así fuera?

La certeza quizás llegará cuando demandemos masivamente y construyamos socialmente el espacio de decisión sobre cómo deseamos y necesitamos habitar y habitarnos en nuestros territorios, y eso es un derecho invisibilizado deliberadamente, que tienen por costumbre relegar fundamentalmente las clases gobernantes, en pos de intereses absolutamente ajenos a la salud colectiva y la justicia ambiental.